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EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUIR UNA PENA DE PRISIÓN NO SUPERIOR A UN AÑO POR LA DE EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

La imposibilidad de sustituir la pena de prisión inferior a un año


El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 233/ 2020 de fecha 26 de mayo de 2020, revoca la previa Sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó al recurrente por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, pena accesoria, comiso, multa y pago de las costas procesales; manteniendo, así mismo la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional así como la prohibición de entrada a dicho territorio durante un plazo de seis años, que había sido impuesta en la sentencia de primera instancia.

En esta resolución se toma en consideración que el artículo 89 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/ 2010, de 22 de junio, permitía que las penas privativas de libertad inferiores a seis años fueran sustituidas por la pena de expulsión del territorio nacional, salvo que el juez o tribunal apreciara razones que justificaran su cumplimiento en España. Posteriormente, tal y como relata la resolución del Tribunal Supremo, este precepto fue modificado de forma sustancial por la Ley orgánica 1/ 2015, de 30 de marzo, actualmente en vigor, y que dispone que "las penas de prisión de mas de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español"

Por tanto, según establece la Sentencia 233/ 2020, el sentido literal del artículo 89 del Código Penal, "...no alude a la posible sustitución por expulsión de penas de prisión no superiores a un año". Así mismo, se argumenta que el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone en su número 2 que "....constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. Dicha postura se mantiene también en la Directiva 2001/40/CE, del Consejo, de 28 de mayo de 2001.

Por tanto, siendo un hecho claro la imposibilidad de decretar la sustitución de la pena de prisión inferior a un año por la de expulsión del territorio nacional. El debate se sitúa en si este año de prisión debe de tomarse en relación a la pena prevista en abstracto para el delito cometido o la impuesta efectivamente en la sentencia penal. Por ejemplo, a un determinado extranjero se le condena en la Sentencia a nueve meses de prisión (pena que se le impone en la Sentencia), por un delito para que el Código Penal contempla, por ejemplo, una pena de prisión de seis meses a tres años (pena en abstracto, y por tanto superior al año de prisión)

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión manifestando que el criterio que debe de seguirse es que "...deben de tenerse en cuenta no las penas asignadas al delito sino la -pena impuesta-, que no es otra que la establecida judicialmente en la sentencia. Lo contrario vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamadas en el artículo 25 de la Constitución".

 Fuente: Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 233/ 2020 de fecha 26 de mayo de 2020

Letradosdirectos.com, 23 de Junio de 2020.

 

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